La Tajada de Sherpa
Escribe: Marco Zileri | Cofide detecta indicios de delitos de colusión en el préstamo de US$ 70 millones a Minera IRL Perú.
Pedro Grados, presidente de Cofide, poniendo en orden la casa. Derecha, desafiante Diego Benavides Norlander, gerente de Minera IRL Perú.
A estas alturas del millonario contencioso entre Minera IRL con Cofide por US$ 70 millones se tienen las primeras certezas.
–1. El préstamo de Cofide a la minera junior era de muy alto riesgo.
–2. Minera IRL no ha honrado la deuda.
–3. Ahora se están pagando los platos rotos.
La minera de Diego Benavides Norlander respondió al artículo “La Arruga del Colorao” (CARETAS 2496) con un comunicado a página (¿lo habrá pagado con el préstamo?) en varios periódicos responsabilizando a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) de su propio incumplimiento.
El cuento tiene más vueltas que un camino de herradura, pero el campamento base es el café Gianfranco en Miraflores. Aquí despacha diariamente José Antonio Cabia, uno de los suertudos protagonistas de la millonaria trama.
Cabia cobró US$ 2,4 millones a Minera IRL –3% del monto desembolsado– como honorarios de éxito por el crédito puente autorizado por Cofide en junio del 2015 para el desarrollo del proyecto minero de oro Ollachea, en Puno.
También pactó una contraprestación perpetua con la minera de 0,9% de regalía del ingreso bruto de la operación minera.
Y el derecho a adquirir el 5% de las acciones de Minera IRL.
Una auditoría a cargo de peritos externos, financieros y legales, encargada por la administración de Pedro Grados, actual presidente de Cofide, se preguntó: “A cambio de qué habrían sido pagadas las elevadas y poco usuales comisiones”.
En junio último, cuando la minera no cumplió con honrar el préstamo, cayó el tinglado.
Sin embargo, Cofide no ha podido ejecutar las garantías, impedida por una medida cautelar a favor de Minera IRL dictada por juez José Clemente Escudero López, del 14 Juzgado Civil y Comercial, pocos días antes.
El recurso de oposición del banco contra la medida cautelar presentado el 20 de junio pasado, sostiene que existen “indicios razonables de delitos de colusión detrás del financiamiento a Minera IRL”.
Detalla que “Sherpa apareció a última hora como una suerte de asesor financiero adicional (…) sin que se logre explicar con claridad cuál es su participación en la operación”. Precisó que “Sherpa fue una empresa propuesta por Minera IRL Perú y que no tendría ningún tipo de experiencia en operaciones de estructuración de riesgos”. Por último, expresa sorpresa de que se haya pactado una “contraprestación perpetua” a favor de Sherpa.
José Antonio Cabia en el miraflorino café Gianfranco. Su empresa Inversiones y Asesoría Sherpa, sin experiencia alguna en créditos estructurados, cobró US$ 2,4 millones por intermediar ante Cofide a favor de Minera IRL Perú.
El presidente de Cofide era José Gasha Tamashiro, y el gerente general, Jorge Ramos.
El destino del préstamo –a través del banco Goldman Sachs de Nueva York– fue de mamey: US$ 53,9 millones de los US$ 70 millones fueron usados para cancelar deudas privadas con el Macquierie Bank de Australia y Rio Tinto Mining, esta última también dueña del 19% de las acciones de Minera IRL. A su vez, la minera utilizó los fondos públicos para pagar la comisión de US$ 2,4 millones a Sherpa.
Es decir, apenas US$ 24,7 millones del crédito puente llegarían a Puno para desarrollar el emblemático proyecto de oro.
Cofide es un banco de desarrollo estatal cuyo mandato es el financiamiento de proyectos de impacto económico, social y ambiental. El financiamiento de prospectos mineros no está dentro de sus prioridades. De hecho, éste es el único en su vasta cartera de proyectos.
Pero la fiebre del oro pudo más.
Además del crédito puente, se suscribieron sendas cartas de mandato para que Cofide fuera el banco estructurador de un préstamo adicional por US$ 240 millones. Por cierto, la minúscula Sherpa hubiera cobrado 3% del monto.
En febrero pasado, Cofide decidió anular ese compromiso, tras los resultados de la auditoría.
La minera de Benavides Norlander no solo interpuso una medida cautelar, sino también ha demandado a Cofide ante el Centro Nacional e Internacional de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima aduciendo que por esta razón no pudo cumplir con el pago de los US$ 70 millones.
Benavides acciona todos los recursos disponibles, pero la cláusula contractual (5.1) señala que Cofide puede anular el compromiso con un pre aviso de 30 días, sin necesidad de motivo alguno.
Mientras crece la bola de nieve y compromete a más exfuncionarios de Cofide, Cabia sigue despachando tranquilamente desde el café Gianfranco en Miraflores.
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