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Entre los presentes se encontraba Alonso Segura, último titular del MEF del gobierno de Humala, quien pidió la palabra y acusó a Pinto de conflicto de intereses y falta de transparencia. Pinto retrucó, precisando que en efecto había sido presidente de Minera IRL, la empresa beneficiada, entre agosto y diciembre del 2015, cuando fue removido intempestivamente.
En cambio, los US$ 70 millones otorgados a Minera IRL no están dentro del foco de Cofide, por más mina de oro que sea, aseguran fuentes del banco estatal. Un crédito a una minera junior para financiar un prospecto minero es una operación de alto riesgo; casi de seguro ningún banco comercial lo hubiera otorgado. Para financiar ese tipo de aventuras se recurre al mercado de venture capital. Si el proyecto es bueno consigue inversionistas o se pasa el sombrero entre los accionistas.
La Arruga del Colorao
Escribe: Marco Zileri | Diego Benavides de Minera IRL debe US$ 70 millones a Cofide de un préstamo que el banco de desarrollo nunca debió otorgar.
Jaime Pinto, exdirectivo de Minera IRL: “Lo advertí”. Der, exministro Alonso Segura saltó como un resorte.
El cruce de palabras entre el exministro de Economía Alonso Segura y el abogado Jaime Pinto durante la presentación del nuevo gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones (Grupo BID), James Scriven, puso la cuota de tensión en lo que hasta entonces había sido un distendido almuerzo en el Club Empresarial, el miércoles 5.
Scriven había subrayado que había que ser cuidadosos en el uso de recursos que se prestan. Inadvertidamente el economista argentino había puesto el dedo en la llaga. En la ronda de preguntas, Pinto, exdirector del Perú ante el BID en Washington (2001- 2007), mencionó que en el gobierno anterior el banco de desarrollo estatal Cofide había hecho préstamos para repagar deudas privadas y que eso no parecía un buen uso de los recursos públicos. La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) está adscrito al Ministerio de Economía.
Persuasivo Diego Benavides Norlander, presidente de Minera IRL-Perú.
En noviembre de ese año, Pinto había advertido por escrito a Segura sobre el “inusual financiamiento extendido” por Cofide a Minera IRL pero lo mandaron a rodar. Temblaron las cucharitas en las tazas de café. Segura optó por no responder y el almuerzo finalizó con una gran interrogante flotando en el ambiente.
Entre los pocos asistentes plenamente conscientes del trasfondo de la esgrima verbal se encontraba Alex Zimmerman, gerente general de Cofide de la nueva administración del banco estatal que preside hoy Pedro Grados.
En efecto, el 5 de junio pasado venció el plazo para que Minera IRL cancelara el préstamo por US$ 70 millones de Cofide, a través del banco Goldman Sachs, para que desarrolle el proyecto minero de oro Ollachea en Puno, pero la compañía no pasó por caja.
Por el contrario, la minera que preside Diego Benavides Norlander obtuvo el 2 de junio una medida cautelar a su favor dictada por el juez José Clemente Escudero López, del 14 Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Lima, que dispone que Cofide “se abstenga de realizar cualquier acto destinado a la ejecución de las garantías otorgadas a favor de las obligaciones de Minera IRL”.
Pinto a Segura en noviembre 2015: “El inusual financiamiento de Cofide”.
No solo eso. El 20 de junio, la minera interpuso una demanda contra Cofide ante el Centro Nacional e Internacional de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima. La cautelar a favor del acreedor es por decir lo menos insólita, de acuerdo al abogado Mauricio Raffo del Estudio Miranda & Amado consultado por Cofide (CARETAS 2494).
Cofide ha interpuesto un recurso de oposición contra la medida cautelar. “Una vez que se levante la medida cautelar, Cofide procederá con el cobro de la deuda, y de ser necesario, con la ejecución de las garantías constituidas a su favor”, informó Zimmerman al intendente general de Supervisión de Conductas de la Superintendencia de Mercado de Valores, Alix Godos, el 9 de junio pasado.
En el recurso de oposición, Cofide señala que “tomó conocimiento que existen indicios razonables de delito de colusión detrás del financiamiento a Minera IRL”.
“Luego de haber analizado las particularidades de la operación financiera que involucra a Minera IRL, los auditores externos llegaron a la conclusión de que i) la operación en sí misma es altamente riesgosa en términos financieros; y, ii) existen circunstancias que permiten concluir razonablemente la comisión de delitos”, señala el documento.
El mandato de Cofide es financiar proyectos productivos que contribuyan al desarrollo nacional por su impacto económico, social y ambiental. Una línea clásica es a favor de las micro y pequeñas empresas (MYPES) sin acceso a crédito.
Sede central de Cofide en San Isidro.
El préstamo autorizado por Cofide en junio del 2015, es aún más insólito porque parte del préstamo se utilizó para repagar obligaciones vencidas de Minera IRL con Macquairie Bank de Australia (US$ 30 millones) y Rio Tinto Mining (US$ 12,9 millones) con los fondos públicos administrados por el banco de desarrollo estatal.
El hecho más inquietante es que una empresa sin ninguna experiencia previa, Inversiones y Asesorías Sherpa, de propiedad de José Cabia Vega y su esposa, Patricia Matsuda, cobró la friolera de US$ 2,4 millones por actuar como asesor de la operación. Este último detalle sorprende porque Cofide no opera con intermediarios.
Para entonces, la gestión de Diego Benavides a la cabeza de Minera IRL –Perú era cuestionada por un grupo de accionistas y por el propio director de la matriz, y Jaime Pinto fue nombrado su presidente en septiembre del 2015, con el mandato expreso de investigar denuncias de irregularidades de Benavides Norlander, y poner orden en casa.
Ese mismo septiembre, Pinto solicitó una reunión con Jorge Ramos, gerente general de Cofide, “para exponer la posición de la empresa respecto al crédito estructurado”. La misma petición fue formulada por Daryl Hodges, miembro del directorio anterior de la minera. En los meses siguientes, Pinto advirtió al presidente del banco, Enzo Defilippi y finalmente al propio ministro de Economía, Alonso Segura, sobre la necesidad de investigar esta operación por claros indicios de corrupción. Pero las autoridades hicieron caso omiso al pedido. Ahora –con una “arruga” de US$ 70 millones en cartera– se empiezan a lamentar las consecuencias.
Jorge Ramos, ex Cofide. Derecha, juez Escudero a Cofide: “Absténgase”.
Auditoría a Forro
La cartera pesada de Cofide asciende a US$ 1,900 millones.
El caso de Minera IRL es la punta del iceberg de una exhaustiva auditoría en curso ordenada por el actual presidente de Cofide, Pedro Grados, a la millonaria cartera de préstamos en el esquema de Financiamiento Empresarial Especial Estructurado (FEEE). A la fecha se han identificado 13 operaciones complejas que no calzan con los parámetros de riesgo de Cofide. La administración Grados heredó una cartera pesada de US$ 1,900 millones en préstamos otorgados desde el 2011 y que han dejado los balances del banco de desarrollo en la lona. Ya se ha logrado estructurar provisiones por US$ 900 millones, entre las cuales se encuentran y prevé lograr la cobertura del ciento por ciento de las acreencias al primer trimestre del 2018. Como parte del proceso de sinceramiento, en mayo pasado Cofide reportó pérdidas por S/ 52 millones. Cofide es un banco de desarrollo estatal cuyo accionista mayoritario es Fonafe, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Antecedieron a Grados como presidentes de Cofide Alfonso Zárate (2011), José Gasha Tamashiro (2013) y Enzo Defilippi (2015). El hilo conductor entre todas las administraciones previas fue Jorge Ramos, gerente general de Cofide entre el 2011 y el 2016, y actual gerente general de Contugas.
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